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The father and mother, both Russian citizens, were married in 2015 and divorced in 2020. The couple had two children, born in 2015 and 2017. The children were habitually resident in Moscow under the mother’s primary care. In March 2022, the father took the children for a weekend and, without the mother’s consent, brought them out of Russia to Turkey. The mother reported the removal to the authorities in her country, while the father maintained that the removal had been consensual, explaining that both parents considered it necessary to protect the children from the risks arising from the war between Russia and Ukraine that began in February of that year.

After staying in Turkey for some time, the father removed the children to Argentina in September 2023, settling in the province of Córdoba. In 2024, the mother initiated international return proceedings through the Central Authority of Russia, invoking the 1980 Convention and alleging that the removal and retention were wrongful.

During the proceedings, the father argued that the mother had consented to the departure from Russia, that the one-year period since the initial removal had elapsed, and that the children had become integrated into life in Argentina. He also claimed that the children, aged eight and six, had expressed their desire to remain in Argentina. The central argument of his opposition was that the return would expose the children to serious risk due to the armed conflict taking place in Russia. He pointed out that Moscow did not offer safe conditions, presented psychological reports in which the children expressed fear of the war, and submitted drawings depicting military ships and aircraft.

The Villa Carlos Paz Court rejected the objections raised by the father and ordered immediate return. The Superior Court of Justice of Córdoba upheld the decision, ruling that the circumstances invoked did not justify the application of the exceptions provided for in the Convention.

In response to that decision, the father and the Public Defender filed extraordinary appeals with the Supreme Court of Justice of the Nation. During the proceedings, the father also requested a suspension of the return, given that an application for recognition of the children’s refugee status was pending before the National Commission for Refugees (CONARE).

The extraordinary appeals were rejected. The return of the children was ordered. The motion for a suspension was denied.

Procedural Matters

The Supreme Court denied the motion to suspend the proceedings based on the application for recognition of the children’s refugee status, which was pending before the National Commission for Refugees (CONARE). It held that the mere fact that the children had such an application pending—and therefore enjoyed the protection afforded by Law 26,165 (the principle of non-refoulement)—did not preclude the continuation of the proceedings aimed at determining whether a wrongful international transfer had occurred and, if so, the return of the children to their country of habitual residence. It added that, at that stage of the proceedings, this circumstance was also insufficient to justify suspending the proceedings. It emphasized that the issue could be considered and evaluated at a later stage.

The Court noted that a balanced approach between the international return regime established by the 1980 Convention and the regime applicable to refugees—as provided for in the 1951 Convention Relating to the Status of Refugees, its 1967 Protocol, and Law No. 26,165, the General Law on the Recognition and Protection of Refugees—necessitated the prompt resolution of the extraordinary appeals.

Likewise, the Court clarified that the children’s refugee status, if it remained in effect, could be raised again and evaluated during the enforcement phase of the final judgment granting the request for international return.

In turn, the Court declared that the extraordinary appeals inadmissible pursuant to Article 280 of the National Code of Civil and Commercial Procedure.

The Supreme Court then urged CONARE to definitively examine the merits of the asylum application as quickly as possible, prioritizing the best interests of the children, in order to avoid any potential delay in the enforcement of the return order.

In this context, the Court noted that the temporal coincidence between the initiation of the asylum proceedings and the rendering of the lower court’s judgment—which had ordered the immediate return of the children—was striking. Furthermore, the Court highlighted the father’s considerable delay in filing that application.

Issues Relating to Return

The Supreme Court reaffirmed that the purpose of the 1980 Convention was to ensure not only immediate but also safe return. The Court noted that it was up to the judge presiding over the proceedings to determine, based on the specific circumstances of the case, the form, manner, and conditions under which the return should take place, seeking to adopt those that would be least harmful to the children.

El padre y la madre, ambos ciudadanos rusos, contrajeron matrimonio en 2015 y se divorciaron en 2020. De la unión nacieron dos niños, en 2015 y 2017, quienes residieron habitualmente en Moscú bajo el cuidado principal de la madre. En marzo de 2022, el padre retiró a los niños durante un fin de semana y, sin el consentimiento de la madre, los trasladó fuera de Rusia hacia Turquía. La madre denunció la sustracción ante las autoridades de su país, mientras que el padre sostuvo que el traslado había sido consentido, explicando que ambos progenitores consideraban necesario proteger a los niños frente a los riesgos derivados de la guerra entre Rusia y Ucrania iniciada en febrero de ese año.

Tras permanecer en Turquía durante un tiempo, el padre trasladó a los niños a la Argentina en septiembre de 2023, estableciéndose en la provincia de Córdoba. En 2024, la madre inició el procedimiento de restitución internacional a través de la Autoridad Central de Rusia, invocando el Convenio de La Haya de 1980 y denunciando el carácter ilícito del traslado y la retención.

Durante el proceso, el padre argumentó que la madre había consentido la salida de Rusia, que había transcurrido el plazo de un año desde el traslado inicial y que los niños se encontraban integrados en Argentina. También alegó que los hijos, de ocho y seis años, manifestaron su deseo de permanecer Argentina. El planteo central de su oposición radicó en que la restitución expondría a los niños a un grave riesgo, en razón del conflicto bélico que atravesaba Rusia. Señaló que Moscú no ofrecía condiciones de seguridad, presentó informes psicológicos en los que los niños expresaban temor ante la guerra y aportó dibujos con referencias a barcos y aviones militares.

El Juzgado de Villa Carlos Paz rechazó las excepciones planteadas por el padre y ordenó la restitución inmediata. El Tribunal Superior de Justicia de Córdoba confirmó la decisión, al descartar que las circunstancias invocadas justificaran la aplicación de las excepciones previstas en el Convenio.

Frente a esa decisión, el padre y el Defensor Público interpusieron recursos extraordinarios ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Durante su tramitación, el padre solicitó además la suspensión de la restitución, en atención a que se encontraba pendiente un pedido de reconocimiento de la condición de refugiados de los niños ante la Comisión Nacional para los Refugiados (CONARE).

Se rechazaron los recursos de apleción extraordinarios. Se ordenó la restitución de los niños. Se desestimó el pedido de suspensión.

Cuestiones procesales

La Corte Suprema desestimó el pedido de suspensión del proceso fundado en la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiados de los niños que se encontraba en trámite ante la Comisión Nacional para los Refugiados (CONARE). Consideró que la sola circunstancia de que los niños contaran con dicha solicitud en trámite y, por ello, gozaran de la protección conferida por la Ley 26.165 —principio de no devolución—, no condicionaba la continuación del procedimiento destinado a determinar la configuración de un traslado internacional ilícito y, en su caso, la restitución de los niños a su país de residencia habitual. Añadió que, en ese estado del trámite, esa circunstancia tampoco resultaba suficiente para justificar la suspensión del proceso. Destacó que la cuestión podía ser considerada y evaluada en una etapa posterior.

La Corte señaló que una ponderación armoniosa entre el régimen de restitución internacional establecido por el Convenio de La Haya de 1980 y el régimen aplicable a los refugiados —previsto en la Convención relativa al Estatuto de los Refugiados de 1951, su Protocolo de 1967 y la Ley 26.165, Ley General de Reconocimiento y Protección al Refugiado— conducía a la necesidad de resolver prontamente los recursos extraordinarios.

Asimismo, la Corte aclaró que la condición de refugiado de los niños, de mantenerse vigente, podía ser nuevamente planteada y evaluada en la etapa de ejecución de la sentencia firme que admitía el pedido de restitución internacional.

A su vez, la Corte declaró inadmisibles los recursos extraordinarios en los términos del art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.

A continuación, la Corte Suprema exhortó a la CONARE a examinar de manera definitiva el mérito de la solicitud de refugio, con la mayor celeridad posible y priorizando el interés superior de los niños, a fin de evitar una posible dilación en la ejecución de la sentencia restitutoria.

En ese marco, la Corte observó que resultaba llamativa la coincidencia temporal entre el inicio del trámite de refugio y el dictado de la sentencia de grado que había ordenado la restitución inmediata de los niños. Asimismo, la Corte destacó la considerable demora del padre en promover aquella solicitud.

Cuestiones relativas al regreso del niño

La Corte Suprema reafirmó que el objetivo del Convenio de La Haya de 1980 radicaba en garantizar una restitución no solo inmediata, sino también segura. La Corte señaló que correspondía al magistrado a cargo del proceso determinar, de acuerdo con las particularidades del caso, la forma, el modo y las condiciones en que debía llevarse a cabo la restitución, procurando adoptar aquellas que resultaran menos lesivas para los niños.

Autor: Laura Martina Jeifetz