Buscador de jurisprudencia

The father, a British national, and the mother, a Russian national, both lived in Spain. They had a daughter born in 2013 who is a British national by birth. On 27 April 2016, the mother informed the father from the airport that she was taking their daughter to Russia with no intention of returning to Spain. On 26 May 2016 the father contacted the Spanish Central Authority to apply for assistance in securing her return. Through the Spanish Ministry of Justice, the father applied to the Russian Ministry of Education and Science requesting a search to find his daughter and to return her to Spain. In July-August 2016 the father travelled to Russia and made enquiries with the St Petersburg Ombudsman for Children and local childcare authorities. The daughter obtained Russian citizenship on 4 October 2016. Following an investigation by the St Petersburg Bailiffs’ Service, the daughter was located in St Petersburg. 

The parties attended mediation with the help of specialised psychologists but no agreement was reached. 

On 18 August 2016 the father lodged an application with the Dzerzhinskiy District Court of St Petersburg (“the District Court”) under the 1980 Convention. The mother objected claiming that returning to Spain would run contrary to the child’s best interests and place her in an intolerable situation within the meaning of Article 13(1)(b).

On 27 October 2016 the District Court refused to order the return of the child under on Article 13(1)(b) of the Convention. The Court found that, although the child’s removal from Spain to Russia had been wrongful, the fact that the child was very young (an age where children are usually very attached to their mothers) would mean there was a grave risk of harm as the mother had no intention to return to Spain and even if she did would have no place to live and no income.  The District Court further relied on Principle 6 of the United Nations 1959 Declaration of the Rights of the Child, which provided that a child of tender years should not, save in exceptional circumstances, be separated from his or her mother.  Appeals by the father were rejected by a judge of the City Court and a judge of the Supreme Court of the Russian Federation. On 4 April 2017 the Deputy President of the Supreme Court found that there were no grounds to disagree with the decision of the earlier Supreme Court decision not to allow the appeal, which had been taken by a single judge.

The ECrtHR fount there had been a violation of Article 8 of the ECHR. The arguments provided to the District Court fell short of the requirements of Article 13(1)(b).

European Convention on Human Rights (ECHR)

The Court referred to Part VI of the Guide to Good Practice under The Hague Convention - Article 13(1)(b) which states that, in cases where the taking parent unequivocally asserts that they will not return to the State of habitual residence, as a rule, the parent should not - through wrongful removal or retention of the child - be allowed to create a situation that is potentially harmful to the child, and then rely on it to establish the existence of a grave risk to the child. 

Nothing in the present circumstances objectively ruled out the possibility of the mother’s return to Spain with the child. Furthermore, the District Court’s reliance on Principle 6 of the UN 1959 Declaration, despite the fact that the mother had taken the child in disregard of other international instruments such as the ECHR, the UNCRC and the 1980 Convention, was unacceptable and contrary to the spirit of the 1980 Convention. 

The ECrtHR concluded that the interpretation and application of the 1980 Convention by the domestic courts failed to secure the guarantees of Article 8 and Russia had failed to comply with its positive obligations under the ECHR.

Author: Matheus Ferreira Gois Fontes and Victoria Stephens

El padre, británico, y la madre, rusa, vivían en España. Tuvieron una hija nacida en 2013 con nacionalidad británica de nacimiento. El 27 de abril de 2016, la madre informó al padre desde el aeropuerto que se llevaba a la hija a Rusia y que no tenía intención de volver a España. El 26 de mayo de 2016, el padre contactó a la Autoridad Central española para que lo asistan con su retorno. A través de Ministerio de Justicia de España, el padre solicitó al Ministerio de Educación y Ciencia de Rusia la búsqueda de su hija y que la devolviesen a España. Entre julio y agosto de 2016, el padre viajó a Rusia y se comunicó con las autoridades de la Defensoría de la Niñez de San Petersburgo y con las autoridades locales de cuidado de niños. La hija obtuvo la ciudadanía rusa el 4 de octubre de 2016. Fue localizada en San Petersburgo después de una investigación por parte del servicio de oficiales de justicia.

Las partes fueron a mediación con la asistencia de dos psicólogos especializados pero no arribaron a un acuerdo.

El 18 de agosto de 2016, el padre presentó una demanda ante el Tribunal de Distrito de Dzerzhinskiy de San Petersburgo (“el Tribunal de Distrito”) al amparo del Convenio de La Haya de 1980. La madre se opuso alegando que la restitución a España sería contraria al interés superior de la niña y la colocaría en una situación intolerable en el sentido del artículo 13(1)(b).

El 27 de octubre de 2016, el Tribunal de Distrito denegó la orden de restitución de la niña en virtud del artículo 13(1)(b) del Convenio. El Tribunal consideró que, aunque el traslado de la niña de España a Rusia había sido ilícito, el hecho de que la niña fuera muy pequeña (una edad en la que los niños suelen estar muy apegados a sus madres) significaría que existía un grave riesgo de daño, ya que la madre no tenía intención de regresar a España e incluso si lo hiciera no tendría un lugar donde vivir ni ingresos. El Tribunal de Distrito se basó además en el Principio VI de la Declaración de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas de 1959, que establece que un niño de corta edad no debe ser separado de su madre, salvo circunstancias excepcionales. Los recursos incoados por el padre fueron desestimados por un juez del Tribunal de la Ciudad y un juez del Tribunal Supremo de la Federación de Rusia. El 4 de abril de 2017, el presidente adjunto del Tribunal Supremo consideró que no había motivos para discrepar de la anterior decisión del Tribunal Supremo de no admitir a trámite el recurso, que había sido adoptada por un solo juez.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) determinó que hubo una violación del artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH). Los argumentos esgrimidos ante el Tribunal de Distrito no cumplían los requisitos del articulo 13(1)(b).

Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH)

El Tribunal hizo alusión a la Guía de Buenas Prácticas del Convenio de La Haya – Parte IV - artículo 13(1)(b) que establece que, en los casos en que el padre o madre sustractor declara de modo inequívoco que no regresará al Estado de residencia habitual, como norma, no debería permitírsele —mediante el traslado o la retención ilícitos del niño— crear una situación que sea potencialmente perjudicial para el niño y luego basarse en ella para demostrar la existencia de un grave riesgo para el niño.

Nada en las presentes circunstancias descartaba objetivamente la posibilidad de que la madre regresara a España con el niño. Además, el hecho de que el Tribunal de Distrito se basara en el Principio VI de la Declaración de la ONU de 1959, a pesar de que la madre se había llevado al niño haciendo caso omiso de otros instrumentos internacionales como el CEDH, la CDN y el Convenio de de la Haya 1980, era inaceptable y contrario al espíritu del Convenio de La Haya de 1980.

El TEDH concluyó que la interpretación y aplicación del Convenio de La Haya de 1980 por los tribunales nacionales no aseguraba las garantías del artículo 8 y que Rusia había incumplido sus obligaciones positivas en virtud del CEDH.

Autores: Matheus Ferreira Gois Fontes y Victoria Stephens