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The parents were married in Peru in 2012 and their son was born in 2013. The parents separated when their son was a baby and have been involved in high conflict litigation ever since, with allegations of abuse on both sides. 

In August 2018, the Peruvian court made a temporary award of joint custody, confirmed on appeal in April 2019. 

On October 22, 2019, the mother fled with her son, first from Peru to Ecuador and then to Canada, where they arrived on November 3, 2019 and claimed asylum. The mother and child now live in Ontario.

The father moved from Peru to Ontario in July 2020.

The father filed an application under the 1980 Hague Child Abduction Convention in March 2020. The hearing lasted 33 non-consecutive days, from September 2020 to February 2021 and the judgement was rendered in June 2021. The application judge denied the application for return on the basis of the grave risk of harm exception. The judge found that the father had engaged in a pattern of domestic violence against the mother who was not adequately protected by the legal system in Peru. The father appeals the application judge’s decision. 

Ontario Courts are also considering an application by the mother for a parenting order. 

Appeal dismissed. Given the delay and gaps in factual findings, the Court of Appeal for Ontario gave direction to the court below to move quickly to a resolution of a parenting plan with a fresh approach to the evidence. 

Procedural Matters

The Court of Appeal for Ontario recalled the importance of acting expeditiously in proceedings for the return of children, that a hearing under the Convention is not a custody hearing and that the grave risk analysis is not meant to become an in-depth analysis of the parties’ history or a re-do of extensive court proceedings in the foreign state.

The Court found that the process followed by the application judge (e.g. the application judge conducted a year-by-year analysis of every allegations made by the parties since the date of their separation and heard protracted evidence from parents, friends and others), contravened the obligation under the Convention for prompt resolution.

The Court also noted some gaps in the application judge’s analysis of the facts which did not rise to the level of reversible error but which could be relevant in the context of the parenting case before the Ontario Court.

Despite finding that the delay itself amounted to a manifest or clear error, the Court noted that it did not have the ability to remedy the delay. It considered that it was too late to return the child and that the only available remedy was a direction to the court below to move quickly to a resolution of a parenting plan with a fresh approach to the evidence. Ultimately, The Court dismissed the appeal.

Author:
Emmanuelle Jacques

Los padres se casaron en Perú en 2012 y su hijo nació en 2013. Los padres se separaron cuando su hijo era un bebé y desde entonces han estado involucrados en juicios de alta conflictividad, con acusaciones de maltrato por ambas partes. 

En agosto de 2018, el tribunal peruano dictó una sentencia temporal de custodia compartida, confirmada en apelación en abril de 2019. 

El 22 de octubre de 2019, la madre huyó con su hijo, primero de Perú a Ecuador y luego a Canadá, donde llegaron el 3 de noviembre de 2019 y solicitaron asilo. La madre y el niño ahora viven en Ontario.

El padre se trasladó de Perú a Ontario en julio de 2020.

En marzo de 2020, el padre presentó una solicitud al amparo del Convenio de La Haya de 1980 sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores. La audiencia duró 33 días no consecutivos, de septiembre de 2020 a febrero de 2021 y la sentencia se dictó en junio de 2021. El juez de primera instancia denegó la solicitud de restitución sobre la base de la excepción de grave riesgo de daño. Consideró que el padre había incurrido en un patrón de violencia doméstica contra la madre, quien no estaba adecuadamente protegida por el sistema legal en Perú. El padre apeló la decisión. 

Los tribunales de Ontario también están analizando una solicitud de la madre de una orden de parentalidad relativa al niño. 

Apelación desestimada. Dada la demora y las lagunas en las conclusiones fácticas, el Tribunal de Apelación de Ontario dio instrucciones al tribunal inferior para que resolviera rápidamente un plan de parentalidad con un nuevo enfoque sobre las pruebas.

Cuestiones procesales

El Tribunal de Apelación de Ontario recordó la importancia de actuar con celeridad en los procedimientos de restitución, que una audiencia en virtud del Convenio no es una audiencia de custodia y que el análisis del grave riesgo no está destinado a convertirse en un análisis en profundidad de la historia de las partes o en una repetición de extensos procedimientos judiciales en el Estado extranjero.

El Tribunal consideró que el proceso seguido por el juez de primera instancia (por ejemplo, llevó a cabo un análisis año por año de todas las alegaciones formuladas por las partes desde la fecha de su separación y escuchó prolongadas declaraciones de los padres, amigos y otras personas), contravenía la obligación prevista en el Convenio de una pronta resolución.

El Tribunal también observó algunas lagunas en el análisis de los hechos por parte del juez de primera instancia que no alcanzaban el nivel de error reversible, pero que podrían ser relevantes en el contexto del caso de parentalidad ante el Tribunal de Ontario.

A pesar de considerar que el retraso en sí equivalía a un error manifiesto o claro, el Tribunal señaló que no tenía capacidad para remediarlo. Consideró que era demasiado tarde para restituir al niño y que el único remedio disponible era impartir una instrucción al tribunal inferior para que avanzara rápidamente hacia la resolución de un plan de parentalidad con un nuevo enfoque sobre las pruebas. Finalmente, el Tribunal desestimó el recurso de apelación.

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