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The mother and father met in 2019 and had a son in January 2021. The mother is a Honduran citizen and the father a Mexican citizen. The father is barred from returning to the United States after he was deported for overstaying his visa in 2016.

In October 2021, the mother, father and the child travelled to Mexico. The mother and child then went on to the United States. In September 2022 the father submitted a petition in the United States District Court for the Western District of Texas for the return the child to Mexico. The mother argued that the child was settled in the United States.

In February 2023, the district court issued an order for the return of the child, which was subsequently amended and restated in April 2023. The district court did not find that the child was settled within the meaning of Article 12(2) of the 1980 Hague Convention, despite the fact that he had a stable place of residence and attended daycare regularly, because his immigration status was "uncertain." The mother was neither a citizen of the United States nor Mexico, and she has not filed an application for asylum while her immigration status was pending in the United States.

The district court ordered the return of the child. The mother appealed this decision.

Appeal dismissed, return ordered.

Settlement of the Child - Art. 12(2)

The Court agreed with the first instance finding that the child was not settled in the United States within the meaning of Article 12(2), considering the child’s young age, lack of robust connections to the broader community, and the mother’s uncertain immigration status.

The Court noted that the Supreme Court has cautioned against routinely granting stays pending appeal in cases involving the Hague Convention. Granting stay applications such as these would become routine if the mother’s arguments, without more, were sufficient. Furthermore, the Court said it could not ignore the "precious months" that the child might lose readjusting to life in his country of habitual residence.

La madre y el padre se conocieron en 2019 y tuvieron un hijo en enero de 2021. La madre es ciudadana hondureña y el padre es ciudadano mexicano. Al padre se le prohibió regresar a Estados Unidos luego de ser deportado por haber excedido el tiempo de su visa en 2016.

En octubre de 2021, la madre, el padre y el niño viajaron a México y, luego, la madre y el niño continuaron hacia Estados Unidos. En septiembre de 2022, el padre presentó una solicitud ante el Tribunal Federal del Distrito Oeste de Texas para la restitución del niño a México. La madre argumentó que el niño ya se había integrado en Estados Unidos.

En febrero de 2023, el tribunal del distrito emitió la orden de restitución del niño, que fue posteriormente modificada en abril de 2023. El tribunal consideró que el niño no estaba integrado, según el artículo 12(2) del Convenio de La Haya de 1980, a pesar de tener un lugar de residencia estable y asistir regularmente a una guardería, ya que su estado migratorio era “incierto”. La madre no era ciudadana de Estados Unidos ni de México y tampoco presentó una solicitud de asilo mientras su estado migratorio en los Estados Unidos seguía pendiente de resolución.

El tribunal del distrito ordenó la restitución del niño. La madre apeló la decisión.

Apelación desestimada, restitución ordenada.

Integración del niño - art. 12(2)

El Tribunal de Apelación coincidió con la determinación realizada en primera instancia de que el niño no estaba integrado en Estados Unidos según el artículo 12(2), teniendo en consideración la corta edad del niño, su falta de conexiones sólidas con la comunidad ampliada y el incierto estado migratorio de la madre.

El Tribunal de Apelación señaló que la Corte Suprema ha desaconsejado el otorgamiento rutinario de suspensiones de la ejecución de la orden cuando la apelación está pendiente de resolución en casos tramitados al amparo del Convenio de La Haya. El otorgamiento de solicitudes de suspensión de la ejecución de la orden puede volverse una costumbre si los argumentos de la madre, sin más, fueran suficientes. Además, el Tribunal se negó a ignorar los “preciados meses” que el niño podría perder readaptándose en su país de residencia habitual.