CASO

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Nombre del caso

SAP A 1734/2024

Referencia INCADAT

HC/E/ES 1760

Tribunal

País

España

Nombre

Audiencia Provincial Alicante

Instancia

Tribunal de Apelaciones

Juez(ces)

José Antonio Perez Nevot (Ponente), José Baldomero Losada Fernández, María Dolores López Garre.

Estados involucrados

Estado requirente

Federación Rusia

Estado requerido

España

Fallo

Fecha

25 October 2024

Estado

Definitiva

Fundamentos

Grave riesgo - art. 13(1)(b) | Integración del niño - art. 12(2) | Interés superior del niño

Fallo

Apelación desestimada, restitución denegada

Artículo(s) del Convenio considerados

13(1)(b) 13(2)

Artículo(s) del Convenio invocados en la decisión

13(1)(b)

Otras disposiciones

Guía de Buenas prácticas del art 13(1)(b)

Jurisprudencia | Casos referidos

-

Publicado en

-

SINOPSIS

Sinopsis disponible en ES

Niña nacida en 2019, doble nacionalidad rusa y ucraniana - Residencia habitual en la Federación Rusa – Traslado ilícito a España. Cuestione principales: Grave riesgo art. 13(1)(b) – Guía de Buenas Prácticas del art. 13 (1)(b) - Integración del niño en el nuevo medio – Apelación desestimada – Restitución denegada a la Federación Rusa.

SUMARIO

Sumario disponible en ES

Hechos

El padre promovió un procedimiento de restitución internacional respecto de su hija menor, nacida en Moscú en 2019, solicitando que se declarara ilícito su traslado y retención en España y que se ordenara su retorno a la Federación Rusa. La niña tenía doble nacionalidad rusa y ucraniana y había tenido su residencia habitual en Moscú antes de su traslado a España.

La sentencia de primera instancia, de 11 de septiembre de 2024, declaró ilícitas la salida de la niña de la Federación Rusa, producida el 19 de noviembre de 2021, su entrada en España el 13 de junio de 2022 y su permanencia en este país. No obstante, denegó la restitución al considerar que concurrían las excepciones de grave riesgo previstas en el artículo 13 (1)( b) del Convenio de La Haya de 1980 y de integración de la niña en su nuevo medio, conforme al artículo 12 del Convenio.

El padre apeló la decisión de denegar el retorno. Sostuvo que la prueba había sido valorada incorrectamente y que la existencia de un procedimiento penal iniciado en España no demostraba un riesgo para la niña. Entre otros argumentos, señaló que no había recaído una condena penal en su contra, que no se habían evaluado sus habilidades parentales y que la madre había instrumentalizado la denuncia. También cuestionó la relevancia de las actuaciones penales, al indicar que la causa se encontraba paralizada y no se había abierto juicio oral.

Fallo

La Audiencia Provincial desestimó el recurso de apelación del padre y confirmó la sentencia de primera instancia, que había declarado ilícito el traslado y la permanencia de la niña en España.

Fundamentos

Grave riesgo - art. 13(1)(b)

El padre sostuvo que la existencia de un procedimiento penal en España no justificaba denegar la restitución, pues no había recaído condena en su contra, no se habían evaluado sus habilidades parentales y, a su entender, la madre había instrumentalizado la denuncia. También señaló que la causa penal se encontraba paralizada y que no se había abierto juicio oral.

La Audiencia Provincial recordó que, una vez acreditada la ilicitud del traslado o la retención, la restitución constituye la regla general y que las excepciones de los artículos 12 y 13 del Convenio de La Haya de 1980 deben interpretarse restrictivamente. Asimismo, destacó que corresponde a quien se opone al retorno acreditar las circunstancias que permiten aplicar dichas excepciones y que la valoración del grave riesgo requiere examinar las circunstancias concretas del caso, incluidas las condiciones previsibles para la niña en caso de restitución.

La Sala consideró especialmente relevante que el Juzgado de Instrucción n.º 2 de Dénia hubiera dictado medidas cautelares de protección tanto respecto de la madre como de la niña. Estas medidas incluían la prohibición de acercamiento del padre a menos de 500 metros, la prohibición de comunicarse con su hija durante la instrucción de la causa penal y la restricción de la salida de la niña del territorio español, salvo en determinadas circunstancias.

La Audiencia señaló que, aunque no existía una condena penal, la adopción de esas medidas judiciales presuponía un análisis previo de los indicios existentes. Entre los elementos considerados se encontraban las actuaciones iniciadas a raíz de la denuncia por posibles delitos de detención ilegal o coacciones, el relato de la madre acerca de un presunto intento del padre de llevarse a la niña por la fuerza y trasladarlas a ambas hasta Francia, y las fotografías de lesiones incorporadas a las actuaciones.

La Sala aclaró que no le correspondía determinar la responsabilidad penal del padre, pero entendió que los elementos reunidos permitían valorar la consistencia de las alegaciones de riesgo. Consideró que existían indicios suficientes de que el padre habría intentado llevarse a la niña por la fuerza y que no podía descartarse la repetición de episodios similares. La eventual reiteración de esos hechos podía exponerla a un conflicto de lealtades y generar consecuencias negativas para su desarrollo psíquico, incluida la aparición de respuestas de ansiedad difíciles de gestionar sin el apoyo adecuado.

Asimismo, la Audiencia tuvo en cuenta que no constaba que en la Federación Rusa se hubieran adoptado medidas de protección similares o suficientes para evitar la repetición de incidentes de esa naturaleza. Con cita a la Guía de Buenas Prácticas del art. 13 (1)(b), sostuvo el tribunal que la excepción es de naturaleza prospectiva, pero no se debe limitar al análisis de los hechos en el momento del desplazamiento o del no retorno ilícito o a los previos a éste, sino que exige, por el contrario, contemplar el futuro, es decir, la situación en la que el niño se encontrará en caso de retorno inmediato. Por ello, entendió que el riesgo de que se produjeran nuevos episodios no era meramente especulativo y concluyó que el retorno expondría a la niña a un grave riesgo de peligro psíquico o la colocaría en una situación intolerable.

En consecuencia, consideró aplicable la excepción prevista en el artículo 13 (1)(b), del Convenio y concluyó que la denegación de la restitución protegía el interés superior de la niña.

Integración del niño - art. 12(2)

La sentencia de primera instancia había denegado la restitución también por haber transcurrido más de un año desde la iniciación del procedimiento y considerar acreditada la integración de la niña en su nuevo medio. El padre cuestionó la valoración de la prueba realizada al respecto.

La Audiencia Provincial, tras concluir que concurría la excepción de grave riesgo del artículo 13 (1)(b) del Convenio de La Haya de 1980, señaló expresamente que no era necesario analizar el cuestionamiento relativo a la aplicación del artículo 12.

Interés superior del niño

El tribunal sostuvo que no se había infringido el principio del superior interés de la niña. Por el contrario, estimó que la sentencia recurrida lo había salvaguardado al no disponer el retorno de la misma al Estado de su residencia habitual en aras de evitarle los perjuicios y situaciones alegadas. Se tuvo en cuenta que, a diferencia de otros supuestos enjuiciados por esa Sala, en el caso no constaba que en la Federación Rusa se hubieran adoptado medidas cautelares para la protección de la niña suficientes para conjurar el riesgo de presencie incidentes similares. Por ello se concluyó que la posibilidad de que se repitieran incidentes similares, en un contexto jurídico distinto, no era una hipótesis puramente especulativa, sino cierta.