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Procedural Matters

The judge noted that where a litigant sought to revisit a finding on the basis of new evidence this had to be done by way of appeal. In the present case this was not the mother’s object, she wished to challenge the implementation of the order on the ground that an 8 month delay was not in keeping with the principle of summary return. The judge further noted that in the light of the terms of the return order, which did not specify a date by which return was to be effected and was not subject to a further order provision, he did not have jurisdiction, express or implied, under New Zealand law to set aside the order made. It was noted that a statutory power to this effect existed in Australia: Family Law (Child Abduction Convention) Regulations 1986, Reg 19A. Turning to the facts the judge held that whilst the mother had done enough to be seen as compliant, she had not made matters easy for the father. But in such circumstances it was for the father to invoke the assistance of the Court by obtaining directions to enforce a prompt return. The mother’s attitude did not excuse delay. Having made these findings the judge affirmed that had he had the jurisdiction he would have set aside the return order; a delay of 8 months was extreme and in the light of the other delays in the case it meant that it would no longer be in the best interests of the child to go back.

The ruling of the High Court was upheld by the Court of Appeal: Butler v. Craig [2008] NZCA 198.

Questions procédurales

Le juge remarqua que lorsqu'un litigant cherche à revisiter une décision sur la base de nouvelles preuves, la voie de l'appel est ouverte. En l'espèce la mère voulait remettre en cause une ordonnance de retour au motif que 8 mois sans exécution étaient contraires au principe de retour immédiat. Le juge nota que les termes de l'ordonannce ne spécifiaient pas de date à laquelle le retour devait avoir lieu et qu'aucune décision n'était pendante sur ce point. Il ajouta que le droit néo-zélandais ne lui donnait pas compétence implicitement ou expressément pour déclarer caduque une ordonnance de retour. Il fut observé qu'une compétence similaire existait en droit australien dans la loi mettant en oeuvre la Convention :Family Law (Child Abduction Convention) Regulations 1986, Reg 19A. En l'espèce, le juge estima que si la mère avait fait ce qu'il fallait pour paraître de bonne foi, elle n'avait pas rendu les choses faciles pour le père. Toutefois, dans de telles circonstances il appartenait au père de demander l'assistance de la Cour afin d'obtenir une exécution rapide de l'ordonnance de retour. L'attitude de la mère n'excusait pas le retard. Ceci étant, le juge affirma que s'il en avait eu le pouvoir, il aurait déclaré l'ordonnance caduque: le retard de 8 mois était énorme et vu les autres retards pris dans l'affaire, on pouvait considérer qu'il n'était plus dans l'intérêt de l'enfant de rentrer à Tenerife.

La decision de la High Court a été confirmée par la Cour d'appel: Butler v. Craig [2008] NZCA 198.

La solicitud versaba sobre un niño de cinco años al momento de la audiencia. La madre, neozelandesa, y el padre, inglés, se conocieron en Tenerife, isla en la cual él estaba viviendo. A principios de 2002, la madre quedó embarazada. Regresó a Nueva Zelandia en septiembre y el niño nació allí en diciembre. 

En junio de 2003, la madre y el niño se mudaron a Tenerife. En agosto de 2004, la madre y el niño viajaron a Nueva Zelandia para tomar unas vacaciones prolongadas. A fines de septiembre, la madre informó al padre que terminaba su relación y que no regresarían. 

El 18 de abril de 2005, el padre solicitó la restitución en Nueva Zelandia. En noviembre, el Tribunal de Familia rechazó emitir una orden de restitución. En abril de 2006, esa decisión fue revocada. Sin embargo, cuando se devolvió al Tribunal de Familia, nuevamente se dictó una orden de no restituir. En marzo de 2007, prosperó una segunda apelación.

El 30 de mayo de 2007, el Tribunal de Apelación denegó a la madre permiso para apelar (B. v. Secretary for Justice [2007] 3 NZLR 447 (CA)).El padre no siguió los pasos para ejecutar la orden de restitución y, en consecuencia, el 25 de enero de 2008, la madre solicitó que se anulase o dejase sin efecto la orden de restitución. 

Solicitud desestimada; no se tenía competencia para anular una orden de restitución de conformidad con el derecho neozelandés. 

Cuestiones procesales

El juez observó que cuando un litigante solicita la revisión de una decisión sobre la base de nueva prueba, debe hacerlo por vía de apelación. Este no era el objetivo de la madre en el presente caso, quien deseaba impugnar la ejecución de la orden porque hubo un retraso de 8 meses que no se ajustaba al principio de restitución sumaria. Observó asimismo que la orden de restitución no especificaba una fecha para la misma y que no estaba sujeta a una disposición posterior. Por ende, no tenía competencia, ni expresa ni implícita, para dejar sin efecto la orden de restitución en virtud del derecho neozelandés. Señaló que existía una facultad legal a tal efecto en Australia: la regla 19 A del reglamento de 1986 sobre derecho de familia (Convenio sobre Sustracción de Niños). En lo que respecta a los hechos, la madre había hecho lo suficiente para que se considere que acataba el accionar judicial, pero no había puesto las cosas fáciles para el padre. Sin embargo, en este contexto, el padre debía solicitar la asistencia del Tribunal mediante la obtención de instrucciones para garantizar una pronta restitución. La actitud de la madre no excusaba el retraso. A la luz de todo ello, el juez afirmó que si hubiese tenido competencia habría dejado sin efecto la orden de restitución; ocho meses de retraso era un período extremo y, en consideración de los otros retrasos del caso, el regreso a Canadá no redundaría en el interés superior del niño. 

La sentencia del Tribunal Superior fue confirmada por el Tribunal de Apelación: Butler v. Craig [2008] NZCA 198.