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Grave Risk - Art. 13(1)(b)

The Court of Appeals held that the strict demand of the grave risk of harm exception was not met by a letter from a psychologist (who was unavailable to testify) that pointed to instances of uncertain frequence or severity, reported by an eight and six year old, of what may or may not have amounted to child abuse, and which recommended further investigation.

Procedural Matters

Conduct of Trial:
In his appeal the father claimed that there had been a denial of due process based on the District Court's refusal to provide him an evidentiary hearing.

The Court of Appeals noted that the District Court had never stated it would hold an evidentiary hearing, and that the father had never suggested due process required an evidentiary hearing. Rather, the father had claimed only that the evidence before the court was sufficient to warrant further inquiry.

The Court of Appeals affirmed that District Courts had a substantial degree of discretion in determining the procedures necessary to resolve a petition filed pursuant to the Convention and the International Child Abduction Remedies Act (ICARA), 42 U.S.C. §§ 11601-611. Specifically, neither the Convention nor ICARA, nor any other law, including the Due Process Clause of the Fifth Amendment of the US Constitution, required that discovery be allowed or that an evidentiary hearing be conducted as a matter of right in cases arising under the Convention.

Where circumstances warranted, both the Convention and ICARA provided District Courts with the authority to resolve cases without resorting to a plenary evidentiary hearing. The Court of Appeals noted moreover that ICARA required that wrongfully removed or retained children were to be promptly returned unless one of the narrow exceptions set forth in the Convention applied.

The father claimed he had been denied due process because the District Court provided him no opportunity to challenge its finding that Belgium was the "habitual residence" of the children. The Court of Appeals noted however that at the preliminary hearing, the father never challenged any element of the mother's prima facie case, rather he denied only that the children were wrongfully removed or retained from that residence based on his own allegations of child abuse pursuant to Article 13(1)(b).

The Court of Appeals noted that without a psychologist willing to testify, the father appeared to have little, if any, evidence to present at an evidentiary hearing beyond what he had already presented to the District Court. It held that what he really wanted was more time to investigate to determine if there had been abuse, and, if so, what kind, how serious, and whether it justified retention.

The Court of Appeals stated that the father's actions appeared to be a "fishing expedition" which would sabotage the underlying premise of the Convention, i.e., that wrongfully removed or retained children be promptly returned to their country of habitual residence.

The Court of Appeals held that the District Court did not err in ordering the return of the children to Belgium based upon the pleadings as elucidated by the parties' arguments at the preliminary hearing. The father had received a meaningful opportunity to be heard. That was all due process required in the context of a Hague Convention petition.

Costs:
The Court of Appeals rejected the father's challenge that the District Court had erred in awarding the mother the fees, costs, and expenses associated with her petition. It held that a court ordering the return of a child "generally must require" the respondent to pay the fees, costs, and expenses associated with the return.

The mother was not awarded her fees and costs on appeal. Referring to ICARA's fee statute, 42 U.S.C. § 11607(b)(3), which states that "a court ordering the return of a child [...] shall order the respondent to pay" a petitioner's fee, costs, and expenses, the Court of Appeals questioned whether it was a court ordering the return of a child. The Court noted that the mother had not provided an answer to that question.

Author of the summary: Peter McEleavy

El proceso se refiere a dos hijos de un matrimonio, nacidos en los Estados Unidos en enero de 2004 y enero de 2006. La familia se mudó a Francia en junio de 2008. En mayo de 2009, la madre solicitó el divorcio ante un tribunal francés. En una resolución provisional de octubre de 2009 se dispuso que los menores vivían en la residencia habitual de la madre.

En marzo de 2010, la madre solicitó un permiso para mudarse con sus hijos a Bélgica, En mayo de 2010, el padre se instaló de nuevo en los Estados Unidos de América. En una nueva resolución provisional de junio de 2010, el tribunal francés dictaminó que los menores permanecerían bajo el cuidado de la madre y que ella tenía permiso para mudarse e instalarse en Bélgica si notificaba al padre con al menos quince días de antelación. Madre e hijos se mudaron en agosto de 2010.

En el verano de 2012, el padre solicitó la custodia física de los menores durante el proceso judicial en Francia. No impugnó la competencia del tribunal francés ni alegó que la madre había maltratado a los niños. El tribunal estableció que la patria potestad debía ser compartida, pero que los niños debían continuar teniendo su residencia habitual con la madre. El padre no apeló la resolución.

El 11 de julio de 2012, el padre llevó a los menores de vacaciones a los Estados Unidos, de conformidad con los términos de la resolución definitiva. No restituyó a los niños el 12 de agosto de 2012 según lo ordenado, sino que solicitó una orden de custodia en un tribunal estatal del estado de Utah. Posteriormente, la orden fue suspendida de conformidad con el artículo 16 del Convenio de La Haya de 1980 sobre Sustracción de Menores.

El 23 de agosto, la madre solicitó la restitución de los menores ante el Tribunal Federal de Distrito para el Distrito de Utah. Una semana después, el Tribunal de Distrito decidió que no era necesaria una audiencia probatoria.

El 5 de septiembre, el Tribunal de Distrito emitió una breve decisión por escrito que concedía la restitución por procedimiento sumario y ordenaba que el padre restituyera a los niños inmediatamente a la madre para su regreso seguro a Bélgica: West v. Dobrev, 2012 U.S. Dist. LEXIS 126372 (D. Utah, 5 de septiembre de 2012). El padre interpuso recurso de apelación.

Apelación desestimada y restitución ordenada; el Tribunal de Distrito no había cometido un error al resolver el caso en base a las alegaciones de las partes en la audiencia preliminar. La retención fue ilícita y no se estimó configurada la excepción del artículo 13(1)(b).

Grave riesgo - art. 13(1)(b)

El Tribunal de Apelaciones sostuvo que la carta de un psicólogo (quien no estuvo disponible para prestar testimonio) no fue suficiente para estimar configurada la excepción de grave riesgo de daño. En dicha carta se indicaban instancias de frecuencia o gravedad inciertas de lo que puede o no haber sido abuso infantil, denunciadas por dos niños de ocho y seis años, lo cual requería mayor examen.

Cuestiones procesales

Tramitación del proceso:

En su apelación, el padre afirmó que había habido una violación del debido proceso ya que el Tribunal de Distrito no le había concedido una audiencia probatoria.

El Tribunal de Apelaciones señaló que el Tribunal de Distrito nunca había declarado que celebraría una audiencia probatoria, y que el padre nunca había sugerido que el derecho al debido proceso exigía la realización de una audiencia probatoria. Por el contrario, el padre solo había declarado que las pruebas presentadas ante el tribunal eran suficientes para justificar un mayor examen.

El Tribunal de Apelaciones afirmó que los Tribunales de Distrito tenían un grado considerable de discreción para determinar los procedimientos necesarios para resolver una solicitud presentada de conformidad con el Convenio y la Ley de Recursos Legales contra la Sustracción Internacional de Menores (ICARA por su sigla en inglés), 42 U.S.C. §§ 11601-611. En concreto, ni el Convenio ni ICARA, ni ninguna otra ley, incluida la Cláusula del Debido Proceso de la Quinta Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, exigían que, obligatoriamente, se autorizara la instancia de discovery o que se realizara una audiencia probatoria en los casos regulados por el Convenio.

Cuando las circunstancias lo justifican, tanto el Convenio como ICARA facultan a los Tribunales de Distrito a resolver casos sin recurrir a una audiencia probatoria plenaria. El Tribunal de Apelaciones señaló, además, que ICARA exige que los niños sustraídos o retenidos ilícitamente sean restituidos de inmediato, a menos que se aplique una de las excepciones estrictas establecidas en el Convenio.

El padre afirmó que se lo privó de su derecho al debido proceso ya que el Tribunal de Distrito no le brindó la oportunidad de impugnar su decisión de que Bélgica era el Estado de la "residencia habitual" de los niños. Sin embargo, el Tribunal de Apelaciones observó que en la audiencia preliminar el padre nunca había impugnado prima facie una alegación de la madre, sino que había negado únicamente que los niños hubieran sido sustraídos o retenidos ilícitamente de dicha residencia en base a sus propias denuncias de abuso infantil, conforme al artículo 13(1)(b). El Tribunal de Apelaciones señaló que, sin un psicólogo dispuesto a declarar, el padre parecía tener poca o ninguna prueba para presentar en una audiencia probatoria más allá de lo que ya había presentado ante el Tribunal de Distrito. El Tribunal de Apelaciones sostuvo que lo que realmente quería el padre era más tiempo para investigar si había habido abuso y, de ser así, de qué tipo era, cuál era su gravedad y si justificaba la retención.

El Tribunal de Apelaciones declaró que las acciones del padre parecían ser una "expedición exploratoria" que terminaría por sabotear la premisa del Convenio, es decir, que los menores sustraídos o retenidos de manera ilícita regresen inmediatamente al país de su residencia habitual.

El Tribunal de Apelaciones sostuvo que el Tribunal de Distrito no cometió un error al ordenar la restitución de los niños a Bélgica en base a las alegaciones de las partes en la audiencia preliminar. El padre había tenido una oportunidad importante para ser escuchado, con la cual se había respetado el derecho al debido proceso según el criterio exigido en el marco de una solicitud conforme al Convenio de La Haya.

Costos:

El Tribunal de Apelaciones rechazó la alegación del padre de que el Tribunal de Distrito había cometido un error al ordenar que se le abonaran a la madre los honorarios legales, costos y gastos asociados a su petición. Sostuvo que cuando un tribunal ordena la restitución de un menor, "por lo general debe exigir" al demandado el pago de los honorarios, costos y gastos asociados con la restitución.  

En la apelación no se ordenó que se le abonaran a la madre los honorarios y costos. El Tribunal de Apelaciones, refiriéndose a la ley de honorarios de ICARA, 42 U.S.C. § 11607 (b) (3), que establece que "un tribunal que ordene la restitución de un niño [...] deberá exigir al demandado el pago” de los honorarios, costos y gastos del demandante, cuestionó si era un tribunal el que había ordenado la restitución de un menor. El Tribunal señaló que la madre no había proporcionado una respuesta a esa pregunta.

Autor del resumen: Peter McEleavy