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Rights of Custody - Art. 3

The Court found that at all material times, from shortly after the birth to the date of abduction in 2012, the grandparents were, at the very least, the de facto carers of the child. The position was formalised on 10 January 2007 when the grandmother was given "temporary care (custody)" of the child by the administration director of Klaipeda City Municipality. On 28 February 2012, the temporary care order was discontinued.

The Court noted that the grandmother had been granted an authorisation by the mother on 13 April 2005 to visit all medical institutions and hospitals with the child. And, on 20 April 2006, the mother had signed a power of attorney giving the grandmother authority to receive the passport of the child and to deal with legal and governmental institutions in respect of the child on her behalf. The power of attorney was stated to be valid until 20 April 2016.

The Court considered first what rights the grandparents had under Lithuanian law. It found, on the balance of probabilities, that at the date of the abduction they enjoyed only "moral" or de facto rights to care for the child. They did not have "rights of custody" as a matter of Lithuanian law.

The Court then considered the line of English authority relating to "inchoate rights of custody". In Re B (A Minor) (Abduction) [1994] 2 FLR 249 [INCADAT Reference: HC/E/UKe 4] Waite L.J. held:

"If, before the child's abduction, the aggrieved parent was exercising functions in the requesting State of a parental or custodial nature without the benefit of any court order or official custodial status, it must in every case be a question for the courts of the requested State to determine whether any of those functions fall to be regarded as "rights of custody" within the terms of the Convention."

The Court accepted that the grandparents had been the child's exclusive carers over a lengthy period, and, if the line of authority on inchoate rights of custody was followed, they ought to be viewed as having rights of custody for Convention purposes.

The Court found however that the line of authority should not be followed. First, the Court questioned whether it was appropriate to consider the grandparents' situation in the context of inchoate rights of custody, given that it may have been that the grandmother had rights of custody by virtue of the 2007 decision of the administration director of Klaipeda City Municipality but that those rights had been discontinued shortly before the child's removal.

The Court also questioned whether the inchoate rights of custody line of cases could be viewed as being in breach of the authority of the House of Lords as expressed in its decision in Re J (A Minor) (Abduction) [1990] 2 AC 562 [INCADAT Reference HC/E/UKe 2]. The Court noted that the more recent decision of the House of Lords in Re D (A Child) (Abduction: Rights of Custody) [2007] 1 AC 619 [INCADAT Reference HC/E/UKe 880] made no reference to the inchoate right of custody line of authorities in circumstances where the issue of how rights of custody for the purpose of the Convention were to be identified, was directly under discussion.

Finally, the Court referred to Case C-400/10 PPU J. McB. v. L.E. [2011] Fam 364 [INCADAT Reference: HC/E/ 1104] in which the Court of Justice of the European Union (CJEU) held that for the purposes of the Brussels IIa Regulation (Council Regulation (EC) No 2201/2003 of 27 November 2003), the wrongfulness of a child's removal was entirely dependent on the existence of rights of custody, conferred by the relevant national law.

In deciding how to treat the grandparents' application, the Court concluded that it was better to follow the line of authority beginning with Re J and ending with the CJEU's view in McB v E. The Court stated that it was unattracted by the proposition that it should read the international provisions in the present case as including "inchoate rights of custody".

It held that at the relevant time, the removal of the child was not in breach of any legally recognised right of the grandparents in Lithuania law, and it followed that there had not been a wrongful removal of the child for the purpose of the Hague Convention when read with the provisions of the Brussels IIa Regulation.

Author of the summary: Peter McEleavy

See also the decision of the Northern Ireland Court of Appeal VK, AK v CC [2014] NICA 15 [INCADAT Reference: HC/E/UKn 1257] and decision of the Supreme Court of the United Kingdom In the Matter of K (A child) (Northern Ireland) [2014] UKSC 29 [INCADAT Reference: HC/E/UKn 1259].

El caso versa sobre un niño nacido en Lituania en marzo de 2005 de madre lituana. El padre del niño no estuvo presente en su vida. Poco después del nacimiento, la madre dejó al niño al cuidado de los abuelos maternos. 

Un tiempo después, al menos para mayo de 2006, la madre se instaló en Irlanda del Norte. Hubo entonces cierto contacto telefónico entre la madre y los abuelos y algunas visitas. El tribunal de primera instancia también constató que, ocasionalmente, la madre enviaba dinero a los abuelos.

En julio de 2010, la madre tuvo un hijo en Irlanda del Norte con su nueva pareja. En febrero de 2012, la madre y su pareja viajaron a Lituania con la intención de llevar a su primer hijo a Irlanda del Norte. La madre declaró ante el tribunal de primera instancia que consideró tomar medidas legales para lograr este objetivo, pero que finalmente decidió resolverlo ella misma.

El tribunal constató que el 12 de marzo, la madre y su pareja le sacaron el niño de la abuela, lo subieron a una camioneta y lo transportaron a través de Eslovaquia, Alemania, Francia e Inglaterra hasta Irlanda del Norte. Los abuelos maternos solicitaron la restitución del niño a Lituania.

Solicitud desestimada; el traslado del niño no fue ilícito ya que no se infringió ningún derecho de custodia reconocido legalmente.

Derechos de custodia - art. 3

El Tribunal observó que, en todo momento, desde poco después del nacimiento hasta la fecha del traslado en 2012, los abuelos fueron, como mínimo, los cuidadores de facto del niño. La posición se formalizó el 10 de enero de 2007, cuando el director de la Administración de la Municipalidad de la Ciudad de Klaipėda concedió a la abuela el "cuidado temporal (custodia)" del niño. El 28 de febrero de 2012, se suspendió la orden de cuidado temporal.

El Tribunal señaló que la madre había concedido a la abuela una autorización el 13 de abril de 2005 para concurrir a cualquier institución médica u hospital con el niño. Además, el 20 de abril de 2006, la madre había firmado un poder notarial de representación que autorizaba a la abuela a recibir el pasaporte del niño y a tratar en su nombre asuntos relacionados con el niño en instituciones legales y gubernamentales. Dicho poder era válido hasta el 20 de abril de 2016.

El Tribunal analizó en primer lugar qué derechos tenían los abuelos en virtud de la legislación lituana. Determinó, en base al balance de las probabilidades, que a la fecha de la sustracción solo gozaban de derechos "morales" o de facto para cuidar del niño. No tenían "derechos de custodia" en virtud de la legislación lituana.

Luego, el Tribunal analizó la jurisprudencia inglesa relativa a los "derechos de custodia imperfectos". En Re B (A Minor) (Abduction) [1994] 2 FLR 249 [Referencia de INCADAT: HC/E/UKe 4], el juez Waite sostuvo lo siguiente:

"Si, antes de la sustracción del niño, el progenitor perjudicado ejercía funciones en el Estado requirente de naturaleza parental o de custodia sin el beneficio de ninguna orden judicial o estatuto oficial de custodia, debe ser en todo caso una cuestión reservada a los tribunales del Estado requerido determinar si alguna de esas funciones debe considerarse como ‘derecho de custodia’ en los términos del Convenio".

El Tribunal aceptó que los abuelos habían sido los únicos cuidadores del niño durante un periodo prolongado y, si se seguía la línea de autoridad sobre los derechos de custodia imperfectos, debía considerarse que tenían derechos de custodia a efectos del Convenio.

Sin embargo, el Tribunal consideró que no debía seguirse la línea de autoridad. En primer lugar, cuestionó si era apropiado considerar la situación de los abuelos en el contexto de los derechos de custodia imperfectos, dado que podía ser que la abuela tuviera derechos de custodia en virtud de la decisión de 2007 del director de la Administración de la Municipalidad de la Ciudad de Klaipėda, pero que esos derechos hubieran cesado poco antes del traslado del niño.

El Tribunal también cuestionó si la línea de casos de derechos de custodia imperfectos podía considerarse contraria a la autoridad de la Cámara de los Lores expresada en su decisión en Re J (A Minor) (Abduction) [1990] 2 AC 562 [Referencia de INCADAT: HC/E/UKe 2]. El Tribunal observó que la decisión más reciente de la Cámara de los Lores en Re D (A Child) (Abduction: Rights of Custody) [2007] 1 AC 619 [Referencia de INCADAT: HC/E/UKe 880] no hacía referencia a la línea de autoridades sobre derechos de custodia imperfectos en circunstancias en las que se debatía directamente la cuestión de cómo debían identificarse los derechos de custodia a efectos del Convenio.

Por último, el Tribunal se refirió al caso C-400/10 PPU J. McB. c. L.E. [2011] Fam 364 [Referencia de INCADAT: HC/E/ 1104], en el que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sostuvo que, a efectos del Reglamento Bruselas II bis (Reglamento (CE) N.º 2201/2003 del Consejo, de 27 de noviembre de 2003), la ilicitud del traslado de un niño dependía enteramente de la existencia de derechos de custodia, conferidos por la ley nacional pertinente.

Al decidir cómo tratar la solicitud de los abuelos, el Tribunal concluyó que era mejor seguir la línea de autoridad que comenzaba con Re J y terminaba con la opinión del TJUE en J. McB. c. L. E. El Tribunal declaró que no le atraía la propuesta de que debía interpretar las disposiciones internacionales en el presente caso como si incluyeran "derechos de custodia imperfectos".

Sostuvo que, en el momento pertinente, el traslado del niño no violaba ningún derecho legalmente reconocido de los abuelos en la legislación lituana, y de ello se deducía que no había habido un traslado ilícito del niño a los efectos del Convenio de La Haya cuando se leía con las disposiciones del Reglamento Bruselas II bis.

Autor: Peter McEleavy

Véase asimismo la decisión del Tribunal de Apelación de Irlanda del Norte en VK, AK v CC [2014] NICA 15 [Referencia de INCADAT: HC/E/UKn 1257] y la decisión del Tribunal Supremo del Reino Unido en In the Matter of K (A child) (Northern Ireland) [2014] UKSC 29 [Referencia de INCADAT: HC/E/UKn 1259].