CASO

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Nombre del caso

Cantor v. Cohen, 442 F.3d 196 (4th Cir. 2006)

Referencia INCADAT

HC/E/USf 827

Tribunal

País

Estados Unidos de América - Competencia Federal

Instancia

Tribunal de Apelaciones

Estados involucrados

Estado requirente

Israel

Estado requerido

Estados Unidos de América - Competencia Federal

Fallo

Fecha

21 March 2006

Estado

Definitiva

Fundamentos

Derechos de visita - art. 21

Fallo

Apelación desestimada, solicitud desestimada

Artículo(s) del Convenio considerados

21

Artículo(s) del Convenio invocados en la decisión

21

Otras disposiciones

-

Jurisprudencia | Casos referidos

-

Publicado en

-

INCADAT comentario

Derecho de visita/contacto

Protección de los derechos de visita
Protección de los Derechos de Visita

SUMARIO

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Hechos

El caso versa sobre tres de los cuatro hijos de una pareja que, durante su matrimonio, residió en Israel. Los padres se divorciaron en julio de 1998 y la sentencia de divorcio fue emitida por un Tribunal Rabínico. Dicho tribunal resolvió que la custodia de los dos hijos más grandes fuera ejercida por el padre, y la de los dos hijos más pequeños, por la madre.

Posteriormente, los padres acordaron que la madre quedaría a cargo de la custodia de las dos hijas mujeres y el padre de la de los dos varones. En enero de 2000, en una segunda decisión del Tribunal Rabínico, se validó este acuerdo entre los padres. Sin embargo, entre enero y septiembre de 2000, la madre se encargó del cuidado personal de todos los niños ya que el padre fue a recibir entrenamiento en Estados Unidos tras unirse al Cuerpo de Capellanes de la Fuerza Aérea Estadounidense como rabino. 

Se emitió una tercera sentencia de divorcio en julio de 2002 en la que se otorgó a la madre el derecho de custodia de las hijas mujeres y al padre la de los hijos varones. A su vez, se le permitió al padre llevar a los niños a Alemania, donde lo habían asignado como parte de su trabajo, y a una de las niñas viajar a Alemania para una visita extendida.

En diciembre de 2002, los padres acordaron que la segunda niña también podía viajar a Alemania con sus hermanos. En abril de 2004, el padre llevó a los niños a Estados Unidos tras ser asignado allí. Ese mismo mes, la madre presentó una solicitud para la restitución de los niños y derechos de visita.

El 18 de abril de 2005, el Tribunal Federal del Distrito de Maryland, con asiento en Greenbelt, Estados Unidos, se declaró incompetente en el asunto relativo a las visitas a los niños solicitadas por la madre. Ello fue confirmado y declarado vinculante y la solicitud de visitas de la madre fue desestimada en su totalidad el 23 de mayo. La madre interpuso recurso de apelación.

Fallo

Apelación desestimada y solicitud desestimada; se emitió una decisión mayoritaria en la que se sostuvo que, en virtud de la Ley sobre los recursos contra la sustracción internacional de menores (International Child Abduction Remedies Act), los tribunales federales no son competentes en los casos que conciernen derechos de visita.

Fundamentos

Derechos de visita - art. 21

La madre sostuvo que los tribunales federales eran competentes para entender en la solicitud de derechos de visita, en virtud del art. 11603(b) [del Título 42, Capítulo 121 del Compendio de Leyes Federales de los Estados Unidos] de la ley de implementación estadounidense, a saber, la Ley sobre los recursos contra la sustracción internacional de menores (ICARA, por sus siglas en inglés). La decisión mayoritaria rechazó el argumento y la apelación fue desestimada. La mayoría afirmó que, si bien se hizo referencia a casos anteriores en los que se garantizó el ejercicio efectivo de los derechos de visita conforme al art. 11.603(b), ello dependía de que hubiera un procedimiento “en virtud del Convenio”; pero la disposición relevante del Convenio, el artículo 21, no confería competencia en materia de solicitudes de visita.

Adicionalmente, la mayoría se basó en el hecho de que en la primera disposición de la legislación de implementación, el art. 11.601 “Conclusiones y Declaraciones” (‘Findings and Declarations’) contenía referencias muy escasas a los derechos de visita; en cinco fallos de primera instancia se había determinado que los tribunales federales eran incompetentes en las solicitudes de derechos de visita; existía un precedente asentado de que los tribunales federales eran de competencia limitada y, generalmente, se abstenían de tratar cuestiones relacionadas a la custodia de niños; la historia legislativa detrás de la ley de implementación refleja el deseo de evitar que los tribunales federales entiendan sobre el fondo de demandas por el derecho de custodia; y el fallo de apelación en el que la madre pretendía basarse no era de carácter vinculante, al no haber sido publicado, y, en todo caso, el tribunal podría apartarse de dicho fallo al no tratarse de casos análogos.

En contraste con la decisión de la mayoría, el juez de apelación Traxler entendió que el tribunal de primera instancia había limitado su análisis al texto del Convenio y no se refirió a los efectos de la ley de implementación. A su vez, señaló que en fallos anteriores de tribunales de distrito se había resuelto la cuestión de la competencia simplemente mediante una referencia al texto del Convenio en lugar de a la ley de implementación, fundándose frecuentemente en el texto de ICARA que establece que los tribunales federales tienen “competencia en las acciones iniciadas en virtud del Convenio”. Agregó que en dichos fallos, las disposiciones del art. 21 solían ser comparadas, de manera desfavorable, con las del art. 12, concluyéndose que el Convenio no proveía un foro judicial para resolver conflictos de visitas ni un recurso sustantivo para el caso de denegación de derechos de visita. Sin perjuicio del peso autoritativo, el juez Traxler resolvió que los tribunales federales sí tenían competencia y que, si ello no surgía en virtud del Convenio, lo hacía en virtud de las disposiciones de la ley de implementación ya que los términos del art. 11.603(b) eran claros en el establecimiento de competencia en procesos relativos a la organización o el aseguramiento del ejercicio efectivo de derechos de visita. Ello fue respaldado, adicionalmente, por la creación de requisitos probatorios discriminados para casos de restitución y de visitas. A su vez, señaló que los tribunales federales no se verían obligados a entender en cuestiones relativas a la custodia ya que su labor sólo implicaría determinar la existencia o inexistencia de derechos de visita.

Comentario INCADAT

Protección de los Derechos de Visita

Artículo 21 ha sido objeto de diversas interpretaciones. Los Estados Contratantes que favorecen una interpretación literal han concluido que la disposición no brinda un fundamento jurisdiccional según el cual los tribunales pueden intervenir en cuestiones de derecho de visita sino que se concentra en la asistencia procesal por parte de la Autoridad Central pertinente. Otros Estados Contratantes han permitido que se instituyan procesos sobre la base del Artículo 21 a fin de hacer efectivos los derechos de visita existentes o incluso crear nuevos derechos de visita.

En los siguientes casos, se dió una interpretación literal a la disposición:

Austria
S. v. S., 25 May 1998, transcript (official translation), Regional civil court at Graz, [Cita INCADAT: HC/E/AT 245];

Alemania
2 UF 286/97, Oberlandesgericht Bamberg, [Cita INCADAT: HC/E/DE 488];

Estados Unidos de América
Bromley v. Bromley, 30 F. Supp. 2d 857, 860-61 (E.D. Pa. 1998). [Cita INCADAT: HC/E/USf 223];

Teijeiro Fernandez v. Yeager, 121 F. Supp. 2d 1118, 1125 (W.D. Mich. 2000);

Janzik v. Schand, 22 November 2000, United States District Court for the Northern District of Illinois, Eastern Division, [Cita INCADAT: HC/E/USf 463];

Wiggill v. Janicki, 262 F. Supp. 2d 687, 689 (S.D.W. Va. 2003);

Yi Ly v. Heu, 296 F. Supp. 2d 1009, 1011 (D. Minn. 2003);

In re Application of Adams ex. rel. Naik v. Naik, 363 F. Supp. 2d 1025, 1030 (N.D. Ill. 2005);

Wiezel v. Wiezel-Tyrnauer, 388 F. Supp. 2d 206 (S.D.N.Y. 2005), [Cita INCADAT: HC/E/USf 828];

Cantor v. Cohen, 442 F.3d 196 (4th Cir. 2006), [Cita INCADAT: HC/E/USf 827]. 

En Cantor, la única decisión de un tribunal de apelaciones de los Estados Unidos respecto del Artículo 21, se dictó un fallo en disidencia que determinó que el acto de implementación de los Estados Unidos sí brindaba un fundamento jurisdiccional para que los tribunales federales se pronunciaran sobre una solicitud relativa a un derecho de visita existente.  

Reino Unido - Inglaterra y Gales
In Re G. (A Minor) (Enforcement of Access Abroad) [1993] Fam 216 [Cita INCADAT: HC/E/UKs 110]

Más recientemente, sin embargo, el Tribunal de Apelaciones de Inglaterra sugirió que posiblemente esté preparado para considerar una interpretación más permisiva:

Hunter v. Murrow [2005] EWCA Civ 976, [2005] 2 F.L.R. 1119, [Cita INCADAT: HC/E/UKe 809].

La Baronesa Hale ha recomendado la elaboración de un proceso mediante el cual pueda contemplarse la facilitación de los derechos de visita en el Reino Unido en virtud del Artículo 21 al mismo tiempo que la restitución del menor de acuerdo con el Artículo 12:

Re D. (A Child) (Abduction: Rights of Custody) [2006] UKHL 51 [Cita INCADAT: HC/E/UKe 880].

Suiza
Arrondissement judiciaire I Courterlary-Moutier-La Neuveville (Suisse) 11 October 1999, N° C 99 4313 [Cita INCADAT: HC/E/CH 454].

En efecto, en otros lugares se adoptó una interpretación más permisiva del Artículo 21, ver:

Reino Unido - Escocia
Donofrio v. Burrell, 2000 S.L.T. 1051 [Cita INCADAT: HC/E/UKs 349].

Aún más amplia es la interpretación adoptada en Nueva Zelanda, ver:

Gumbrell v. Jones [2001] NZFLR 593 [Cita INCADAT: HC/E/NZ 446].

Australia
Director-General, Department of Families Youth & Community Care v. Reissner [1999] FamCA 1238, (1999) 25 Fam LR 330 [Cita INCADAT: HC/E/AU 278].